En España, el delito de estafa informática ha dejado de ser algo excepcional. Según cifras oficiales, solo en 2023 se registraron más de 426.000 estafas informáticas, que supusieron en torno al 90 % de toda la cibercriminalidad y alrededor del 17 % de los delitos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En 2016 eran unas 70.000; en 2023 rozaban las 427.000, lo que evidencia un aumento superior al 500 %.
Si has llegado hasta aquí, es probable que seas o hayas sido una de esas víctimas. Es normal sentir frustración o impotencia. Sin embargo, el ordenamiento jurídico español ofrece mecanismos claros para perseguir el delito y reclamar tu dinero, siempre que el caso se articule correctamente desde el inicio.
Lo fundamental es entender cómo funciona la estafa informática, cuáles son sus consecuencias y qué pasos seguir para recuperar el control.
¿Qué es el delito de estafa informática y dónde se regula?
El delito de estafa informática es una modalidad específica de estafa cometida utilizando sistemas o datos informáticos para provocar un perjuicio económico.
El punto de partida sigue siendo el art. 248 del Código Penal, que define la estafa clásica -a la que ya nos referimos en otro artículo-.
Sobre esa base, el art. 249 CP, tras la reforma de la LO 14/2022, recoge la estafa informática y otras variantes tecnológicas. Se castiga a quien, con ánimo de lucro, manipula o interfiere sistemas o datos informáticos para provocar una transferencia no consentida de activos en perjuicio de la víctima.
Modalidades del delito de estafa informática
El Art. 249 Código Penal recoge varias formas de comisión del delito, todas bajo el mismo marco punitivo:
Manipulación o interferencia informática
Incluye alterar, introducir, borrar o transmitir datos informáticos de forma ilegítima con el objetivo de obtener una transferencia patrimonial no autorizada. Es la modalidad clásica de la estafa informática.
Fraude con instrumentos de pago
Abarca el uso fraudulento de tarjetas, medios de pago digitales o sus datos, incluso aunque no exista soporte físico. La reforma legislativa integró también comportamientos que antes se perseguían como delitos leves.
Actos preparatorios y facilitadores
Fabricar, obtener, poseer o facilitar programas, dispositivos o datos diseñados para cometer este tipo de fraudes es también delito. Se sanciona la cadena completa del fraude, desde la preparación hasta la ejecución.
Modus operandi habitual de la estafa informática
La estafa informática combina engaño, ingeniería social y manipulación técnica. Aunque cada caso presenta particularidades, muchos comparten un patrón similar.
Obtención fraudulenta de datos o accesos
Los autores captan información sensible de la víctima: claves bancarias, códigos de verificación, documentos o autorizaciones. Lo logran mediante técnicas como phishing, smishing, vishing o la suplantación de servicios legítimos. El delincuente busca que la víctima facilite algún elemento que permita acceder a sus cuentas o ejecutar pagos en su nombre.
Manipulación del sistema o de los datos
Una vez obtenidos los datos, el autor actúa sobre la banca online, un medio de pago, una tarjeta o una plataforma digital. Introduce, altera o transmite datos informáticos para generar operaciones no consentidas. Aquí es donde el engaño se integra con la manipulación técnica.
Ejecución rápida de operaciones económicas
Las transferencias suelen hacerse de inmediato, muchas veces en pequeñas cantidades repetidas, para dificultar la reacción del usuario y del banco. En otros casos, el autor transfiere el dinero a cuentas puente y lo disemina después a través de criptomonedas, pasarelas internacionales o plataformas de inversión ficticias.
Casos habituales de delito de estafa informática
Existen modalidades y técnicas que, por su frecuencia, ya forman parte de la casuística habitual de la Fiscalía y de la jurisprudencia.
Phishing bancario
Recibes un SMS o correo que imita a tu banco. Pinchas en un enlace que lleva a una web falsa, introduces tus claves y, a partir de ahí, aparecen cargos o transferencias no autorizadas.
Smishing y vishing
Combinación de mensajes de texto y llamadas en las que el estafador se hace pasar por el banco, un trabajador de mensajería o un organismo público para obtener claves o códigos de verificación.
Compras online en webs falsas
Pagas por un producto que nunca llega y la tienda desaparece. A veces usan páginas clonadas de comercios conocidos.
Inversiones en criptoactivos o trading
Plataformas que prometen rentabilidades irreales, muestran supuestos beneficios en pantalla pero bloquean la retirada del dinero o exigen pagos adicionales ficticios.
Robo de tarjeta o datos de pago
Alguien obtiene los datos de tu tarjeta (a menudo tras un phishing o por un TPV manipulado) y los usa para compras o retiradas de efectivo en tu perjuicio. En todos estos supuestos, el elemento común es el mismo: un engaño previo, canalizado mediante herramientas tecnológicas, que provoca que la víctima “abra la puerta” sin ser consciente de que entrega sus datos o su dinero a un delincuente
¿Cuál es la pena por delito de estafa informática en España?
La pena por delito de estafa informática dependerá de la gravedad del caso, la cuantía y las circunstancias concretas.
Pena básica de la estafa informática
A la hora de concretar la pena dentro de ese margen, los tribunales valoran, entre otros factores:
- El importe defraudado.
- El quebranto económico real que sufre la víctima.
- Las relaciones entre víctima y autor (por ejemplo, si existía confianza previa).
- Los medios empleados (sofisticación del fraude, número de afectados, uso de identidades falsas, etc.).
Tras la reforma de 2022, la estafa informática ya no tiene modalidad leve. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, incluso si el perjuicio no supera los 400 euros, se aplicará la pena del art. 249.1 CP, es decir, prisión de 6 meses a 3 años.
Estafa informática agravada
Si el fraude alcanza cierta entidad, entra en juego el artículo 250 CP, que prevé penas de 1 a 6 años de prisión y multa de 6 a 12 meses en casos de estafa agravada, por ejemplo cuando:
- La defraudación supera los 50.000 euros.
- Afecta a un elevado número de personas.
- Coloca a la víctima o a su familia en una situación económica especialmente grave.
- Se aprovecha una relación de confianza o la credibilidad empresarial o profesional del autor.
Si la cuantía supera los 250.000 euros, la pena puede llegar a 4 a 8 años de prisión y multa de 12 a 24 meses (lo que se conoce como superagravación).
En muchos fraudes masivos online (plataformas de inversión falsas, chiringuitos cripto, esquemas piramidales en redes sociales) es frecuente que concurran estos elementos.
El procedimiento penal por estafa informática, paso a paso
De forma muy simplificada, el procedimiento penal suele seguir estas fases:
- Denuncia o querella
- Puede presentarse ante Policía, Guardia Civil, Fiscalía o directamente en el Juzgado de Turno.
- Es clave aportar desde el inicio extractos bancarios, capturas de pantalla, correos, SMS, contratos y cualquier rastro digital.
- Puede presentarse ante Policía, Guardia Civil, Fiscalía o directamente en el Juzgado de Turno.
- Investigación (fase de instrucción)
- El Juzgado de Instrucción coordina la investigación con la Unidad de Delitos Informáticos.
- Pueden acordarse medidas tecnológicas: rastreo de IP, requerimientos a bancos, proveedores de telefonía y plataformas online, o registro de dispositivos informáticos conforme a los arts. 588 bis y ss. LECrim.
- Escrito de acusación y juicio oral
- Si hay indicios suficientes, Fiscalía y querella presentan acusación.
- En el juicio se analizan pruebas técnicas (informes informáticos, trazas de operaciones, periciales) junto con la declaración de la víctima y de los investigados.
- Si hay indicios suficientes, Fiscalía y querella presentan acusación.
- Sentencia y responsabilidad civil
- Además de la pena de prisión, el juez puede condenar al autor a indemnizar el daño causado.
- En muchos casos, la reclamación se dirige también ante entidades bancarias o intermediarios, cuando han incumplido sus deberes de seguridad en los pagos electrónicos. La STS 571/2025, de 9 de abril, ha reforzado precisamente la responsabilidad de los bancos en casos de phishing, siempre que el cliente no haya actuado con negligencia grave.
- Además de la pena de prisión, el juez puede condenar al autor a indemnizar el daño causado.
¿Cómo puede ayudarme un abogado experto en delitos de estafa informática?
Un abogado especializado en estafas informáticas no solo redacta una denuncia. Su papel es diseñar una estrategia integral para maximizar tus posibilidades de recuperar el dinero y reducir tu exposición al riesgo procesal.
Algunas claves de esa intervención:
Análisis técnico-jurídico del caso
Se revisa el recorrido del dinero, el tipo de engaño, los sistemas utilizados y la potencial responsabilidad de terceros (bancos, pasarelas de pago, brókers, exchanges). Se encuadra la conducta en el art. 249 CP y, si procede, en los subtipos agravados del art. 250 CP.
Coordinación con peritos informáticos y financieros
En muchos procedimientos la prueba pericial resulta decisiva: vincular una IP, reconstruir operaciones en blockchain, demostrar deficiencias en los sistemas antifraude de la entidad, o acreditar que la víctima actuó con diligencia.
Dirección de la acusación particular
La acusación particular permite tener un papel activo: proponer diligencias de investigación, recurrir archivos, solicitar medidas cautelares sobre cuentas o criptoactivos y pelear por una indemnización completa en sentencia.
Reclamación frente al banco u otros intermediarios
A la luz de la doctrina más reciente del Tribunal Supremo, resulta cada vez más viable exigir que la entidad responda por operaciones no autorizadas, salvo casos claros de negligencia grave del usuario
En definitiva, se trata de convertir tu caso en números, pruebas y argumentos sólidos, traduciendo el simple relato de “me han engañado”, en una verdadera estrategia jurídica.
Has sufrido una estafa informática: actúa ahora
Una estafa informática no tiene por qué convertirse en una pérdida definitiva. Si has sido víctima, reúne toda la documentación, bloquea los accesos y busca asesoramiento jurídico cuanto antes. Un análisis profesional permite determinar las posibilidades reales de recuperar el dinero y construir una acusación sólida desde el primer día.
Si deseas que estudiemos tu caso, puedes solicitar una consulta jurídica especializada. Con una estrategia adecuada, es posible revertir la situación y defender tus derechos.